LOS RESPONSABLES – Qué funcionarios riojanos participaron en el préstamo del helicóptero que chocó en Villa Castelli

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*Por Juan Parrilla y Ángel Flores

Una de las cosas que debe determinar la justicia en la causa por el accidente de Villa Castelli es quién dio la orden de prestar el helicóptero sanitario de La Rioja a la productora francesa ALP para la realización del reality show durante el cual se produjo la tragedia. EL FEDERAL publica en esta nota por primera vez un testimonio clave al respecto: el de la Escribana General de la provincia. El objetivo es establecer la ruta del acuerdo, a todas luces ilegal, ya que la nave no podía ser usada con fines comerciales.

El convenio entre el gobierno de La Rioja y la empresa francesa, tal como reveló EL FEDERAL, lo firmaron el productor argentino Gustavo Gordonas, quien lo suscribió “en nombre de ALP”, y el secretario de Turismo, Álvaro Del Pino. Sin embargo el funcionario, que está imputado en la causa, negó que la firma que aparece en el documento (y que fue tacahda en el expediente) sea suya. Una pericia muy sencilla debería zanjar esa discusión.

El documento del convenio lo envió a la Escribanía General de La Rioja el entonces jefe de Despacho de la Secretaría de Gobierno, José Martínez, actual Secretario de Hacienda municipal. Pidió que sea protocolizado. Y dijo que lo hacía en nombre del titular de la cartera, Alberto Paredes Urquiza. Ninguno de los dos fue imputado en la causa. Ni siquiera fueron citados a declarar.

Sólo hay un funcionario más imputado. Es el ex Director de Aeronáutica de La Rioja, Daniel Gorkich, quien no intervino en la firma del convenio. La dependencia que conducía estaba a cargo del helicóptero, aunque en su indagatoria Gorkich declaró que actuó por orden de Paredes Urquiza, ya que la Dirección de Aeronáutica dependía de la Secretaría de Gobierno. A su favor juega una cuestión vinculada al organigrama provincial: la otra persona que supuestamente intervino en el convenio, Álvaro del Pino, no era su superior, por ende, no le podría haber dado un mandato.

Un testimonio clave

En su dictamen, el fiscal Horacio Salman sólo llamó a indagatoria a Del Pino y Gorkich. Al declarar, el ex Director de Aeronáutica pidió que se cite, entre otros, a la escribana Augusta Torres Matus, a Paredes Urquiza y a José Martínez. Sin embargo, la actual fiscal a cargo de la causa, Virginia Miguel Carmona, sólo ordenó que se presente Torres Matus. EL FEDERAL publica a continuación su testimonio completo:

Como se ve en el documento, el día 29 de mayo del año 2018, a las 9.45 horas, Torres Matus se presentó en la Fiscalía Federal de La Rioja, en el cuarto piso del edificio ubicado sobre la avenida Perón. Lo primero que le pidieron es confirmar si su firma es la que aparece en un escrito incorporado al expediente a fojas 950, junto a la cual la escribana envió a la Fiscalía Federal el original del convenio y una nota “suscripta y sellada por el Secretario General de la Gobernación”, en la que Paredes Urquiza solicitó la “debida protocolización y registración del convenio de colaboración suscripto entre la Secretaría de Turismo de la provincia y la firma ‘Adeventure Line Production’”. Torres Matus dijo que sí, que la firma es suya y que el documento que compromete al actual Intendente capitalino es real.

En ese convenio enviado por la Escribana General y que figura en la causa, la supuesta firma de Del Pino fue tachada, por lo que Torres Matus aclaró que esa “circunstancia no figuraba al momento de la entrega del contrato original”. Es decir que la firma habría sido tachada directamente en el expediente.

La supuesta firma de Álvaro del Pino fue tachada en el expediente.

Además, como se adelantó en este artículo,cuando le preguntaron quién solicitó la protocolización del convenio, aseguró que fue José Martínez. “El Director General de Despacho de la Secretaria General y Legal de la Gobernación, según surge de la letra de la escritura”, contestó.

También explicó cómo fue el procedimiento de protocolización del convenio. “[El trámite fue] El regular, ingresa el documento por mesa de entrada, con la debida nota de requerimiento, tal como surge de la nota enviada por la Secretaría Legal y General de la gobernación, que lleva adjunta el documento a protocolizar; acto seguido se dispone la debida protocolización, con la comparecencia en este caso del requirente [¿José Martínez] y se lleva a cabo la diligencia solicitada transcribiendo textualmente el documento a protocolizar, quedando el original, anexado al protocolo del escribano autorizante, a los fines legales y administrativos que hubiere lugar; luego se confecciona el primer testimonio, que se remite a la autoridad requirente de la protocolización [Paredes Urquiza], en este caso y terminando la diligencia administrativa notarial; dicho primer testimonio, va acompañado de la correspondiente nota de remisión dando por finalizada la actuación administrativa notarial”, detalló Torres Matus.

Por lo demás, la escriba dejó en claro que no tuvo responsabilidad, ya que no decide qué escriturar. “Todos los convenios que son remitidos son protocolizados, no teniendo facultades la escribanía de gobierno de dirimir la importancia de unos u otros”, precisó. Añadió que antes de hacerlo no toma contacto con los firmantes. No es su deber.

La ruta del acuerdo, entonces, está clara. La justicia deberá decidir dónde termina la cadena de responsabilidades. Los involucrados podrían ir presos si la fiscalía insiste con acusarlos de los delitos hacia los cuales direccionó la investigación. Por ahora, la fiscalía –que viene avanzando a paso de tortuga– no le pidió explicaciones a Martínez ni a Paredes Urquiza. Del Pino dijo que tacharon su firma y Gorkich apuntó contra Paredes Urquiza. Al menos hasta ahora no hay nuevas pruebas que demuestren que alguna otra dependencia del Estado provincial participó de la maniobra, aunque ninguna de las fuentes consultadas descarta la posible intervención del ex gobernador Luis Beder Herrera.

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