*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL

El jubilado Gregorio Córdoba y el ex policía Américo Ruiz intentaron quedarse con casi 90 hectáreas de la base del Cerro de la Cruz y presentaron como prueba un documento que tiene varias irregularidades, al que EL FEDERAL accedió en exclusiva.

El documento es un boleto de compraventa presentado en la Secretaría de Tierra, cuyas autoridades aseguraron que había sido adulterado. Dice que Córdoba le compró a su dueño, Mario Ernesto Flores, en 1985, casi 90 hectáreas. A su vez, el jubilado le habría vendido 10 hectáreas al ex policía Ruiz.

Pero la principal hipótesis de los que están en contra de esa versión es que la operación se hizo hace algunos años y por un puñado de hectáreas, pero que Córdoba adulteró el documento original para hacer creer que el contrato se firmó en 1985 y que en realidad fue por un enorme lote.

En primer lugar, una de las cosas que llama la atención es que la certificación de firma de la venta de Ruiz a Flores fue hecha en 2013, 18 años después de la supuesta operación.

Córdoba asegura que el contrato se firmó en 1985, pero la certificación de firma fue realizada en 2013.

Por otra parte, el documento no identifica el inmueble ni especifica la superficie. Pero además, el boleto de compraventa que aportó Córdoba es distinto del que tenía Flores en su poder. La siguiente imagen muestras las diferencias entre ambos:

Las diferencias entre el boleto de compraventa original y el que presentó Córdoba.

No son pocos los que creen que Córdoba buscó sacar provecho de esa situación y le agregó al croquis que había en el boleto un serie de anotaciones para hacer creer que había comprado las casi 90 hectáreas.

Pero hay otras cuestiones que chocan contra esa pretensión. Si el boleto se firmó efectivamente en 1985, no se tendría que haber hecho en pesos, sino en pesos argentinos. Y si se toma el valor del peso argentino en esos años, habría pagado unos mil dólares por las casi 90 hectáreas, una verdadera ganga.

Además, el documento que presentó Córdoba usa como referencia de las medidas de su propiedad al Camping Legislativo y a la Maderera San Agustín, pero ninguno de los dos establecimientos existía en 1985.

Todo esto fue confirmado por el propio Flores, que desmintió en la presentación que se publica a continuación la realización de la operación en los términos que aseguró Córdoba. Se trata de la persona que tiene los terrenos desde hace más de 50 años y que vendió algunos lotes a varias personas que ahora podrían perderlos.

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