*Por Juan Pablo Parrilla

La consulta al ex vicepresidente Amado Boudou, la deformación de esa noticia y todo lo que vino después tapó un importante anuncio que hizo ayer el gobernador Ricardo Quintela y que hoy debería ser eje de un intenso debate: el gobierno provincial analiza la estatización de los créditos de los empleados públicos.

La medida es posible que cuente con un amplio apoyo por el peso que tiene el empleo público en la provincia, lo que no la hace menos polémica, debido a que toda la sociedad deberá pagar las deudas contraídas por un sector. Sin embargo, se sabe muy poco de la iniciativa, hubo contradicciones entre los funcionarios sobre cuán avanzado está el estudio de la iniciativa y esto abre un mar de preguntas y matices que se deben atender.

En el Gobierno de La Rioja lo ven como una forma de compensar a un sector que todavía no se atendió en la crisis: los empleados públicos. En el quintelismo plantean que hoy no están dadas las condiciones para dar un aumento de sueldo para paliar la inflación y creen que esta vía sería, de alguna forma, una manera de hacerlo.

También piensan que la inyección de dinero en la economía local será importante y beneficiará a los comerciantes, muy golpeados por la crisis. Buena parte del consumo en la provincia lo mueven los empleados públicos, hoy con enormes niveles de endeudamiento.

¿Cómo sería la operación? De acuerdo a lo poco que se dejó entrever, la estatización sería indirecta, a través del Banco Rioja, que es una empresa privada, pero cuyas acciones pertenecen en su totalidad al Estado provincial. La entidad compraría los créditos de los empleados públicos y los refinanciaría con una tasa de interés excesivamente baja, en torno al 10%, que se licuaría con la inflación. Hasta el momento no trascendió cuál se estima que será el costo total de la operación.

Pero el debate no sólo es político y económico, sino práctico, porque la implementación abre muchas dudas cuya discusión es necesaria. ¿Qué deudas se van a estatizar concretamente? ¿Sólo las financieras? ¿Esto incluye a las concesionarias? ¿Las deudas bancarias o de tarjeta de crédito? ¿Y las deudas con los supermercados para la compra de alimentos? ¿O sólo se comprará las deudas de los usureros? ¿Cuál es el límite?

Más: ¿se va a evaluar qué compró cada empleado público? ¿Es lo mismo el que adquirió una heladera que el que se endeudó para instalar en su casa una enorme televisión para ver el Mundial de fútbol? ¿Y el ludópata que se metió en las financieras que están al lado de los casinos ubicados frente a la plaza 25 de Mayo y sacó un crédito para jugar a la ruleta?

Más: ¿se estatizarán todas las deudas con fincnacieras? ¿Es lo mismo el que debe 5, que el que debe 15, que el que debe 200 mil porque se endeudó para viajar a Estados Unidos?

Más: ¿qué empresas se van a beneficiar? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Hay políticos entre sus accionistas?

Más: ¿Se va a revisar la legalidad de las condiciones de contratación de las fincieras? ¿Se le va a pagar el 100% de la deuda a los usureros? ¿Se van a renegociar los contratos? ¿Va a haber intermediarios, como ocurrió en Formosa, donde la empresa contratada para renegociar la deuda de la provincia con el Estado nacional resultó ser manejada por un inexperto monotributista que era inquilino de Amado Boudou y que luego intentó quedarse con una empresa que imprimía billetes?

En este punto, una advertencia. Una de las financieras que mencionó Quintela como posible beneficiaria es Garbarino, que desde hace años atraviesa una crisis y está a punto de ser vendida. Sus trabajadores cobraron en abril el 32% de sus salarios. ¿Se podría aprovechar esta oportunidad para exigir que parte del dinero de la compra de los créditos se use para saldar la deuda con sus empleados? ¿Hay otras situaciones análogas en la provincia?

Más dudas: ¿el Banco Rioja cómo está? ¿Las utilidades alcanzan? ¿Con ese dinero no se podrían mejorar las condiciones para seducir al sector privado y generar puestos de trabajo genuinos en un contexto adverso para las inversiones o mejorar las condiciones en las que trabajan las cooperativas que cobran el sueldo complementario del Estado?

Hay otra cuestión a zanjar. El mensaje hacia la sociedad es completamente desalentador. Durante la crisis hubo profesionales que se tuvieron que poner a amasar pizzas en sus casas para sobrevivir. Esto no quiere decir que vender comida no sea digno, sino que el sector que estudió e invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en su educación fue el último eslabón del tarro y todavía sigue esperando algún tipo de paraguas estatal para no tener que cambiar de rubro.

Quizás por eso hay tantos profesionales en el sector público en La Rioja. Hay, en concreto, uno cada 7 empleados, mientras que en el sector privado hay uno cada 33. Los empleados públicos perdieron muy poco por la pandemia en comparación con otros sectores. En el gobierno provincial dan por descontado que se pagará hasta el aguinaldo.

Por otro lado, todo lo que tenga que ver con estatizaciones o condonaciones de deuda en Argentina huele a trampa. Pero La Rioja tiene un antecedente cercano, en 2008, que ayer lo recordó en un posteo de Facebook el ministro Fernando Rejal. “Hace unos años, teniendo presente que la mayoría del sector comercial y productivo de la provincia estaba endeudado con el Banco Nación, y por lo tanto no podía operar en el sistema financiero, el gobierno provincial, también justicialista, compró la deuda con una quita importante. Constituyó un fideicomiso y les refinanció esa deuda”, contó.

En su posteo, Rejal aseguró que esa experiencia fue positiva, algo que será interesante debatir en las próximas semanas. Y recordó algunos beneficios que recibió el sector privado ante la pandemia. “[Se] levantó la cosecha de la vid y el olivo con un crédito a tasa 0, subsidió la energía a los regantes en un 45%, está ayudando a los comerciantes, los industriales y trabajadores autónomos, compró la vacuna para todos los pequeños productores ganaderos, dispuso la implementación de un plan alimentario para atender la emergencia, etcétera”, enumeró.

Con lo que cuesta estar de acuerdo es con la idea, esbozada por Rejal, de que los asalariados del Estado componen “uno de los sectores más vulnerables de la sociedad”. ¿Qué podría pensar al respecto un trabajador en negro que no tiene sueldo mínimo, paritarias, sindicato, estabilidad laboral, quincenita, aguinaldo, bono ni unas larguísimas vacaciones pagas todos los años?

El mensaje de fondo es, cuanto menos, debatible. Con sus aciertos, bemoles y sus matices. Pero esto tiene que ver con otra idea sobre la que EL FEDERAL viene insistiendo una y otra vez: que la provincia necesita estas discusiones. La Rioja necesita menos aplausos y críticas por deporte, y más argumentos. Sólo así se tomarán las mejores decisiones.

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