*Por el Equipo de investigación de EL FEDERAL
¿Dónde está el dinero?
La pregunta es tan básica como necesaria, porque 300 millones de dólares no se esfuman de la noche a la mañana. El dinero generado con la colocación de los famosos bonos verdes llegó a La Rioja y tenía un destino concreto: la ampliación del Parque Eólico.
Sin embargo, hoy la empresa que maneja el parque tiene un pasivo de unos 600 millones de dólares, es decir, el doble de la deuda emitida. Y la capacidad de generación de energía llegó a 150 MW de los 300 MW que habían proyectado sus autoridades, es decir, la mitad.
Los green bonds
La colocación de los bonos verdes riojanos se realizó en dos tramos, bajo el principio de los “green bonds”, un instrumento cuyos fondos deben ser usados para inversiones que impacten de manera positiva en el medio ambiente. Esto le permitió a La Rioja tener una base de inversores más diversa y, por ende, mejorar las condiciones de colocación.
La primera colocación fue en marzo de 2017. Iba a ser en noviembre del año anterior, pero la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos retrasó los planes. Durante el segundo fin de semana de febrero, una comitiva encabezada por el gobernador Sergio Casas y que incluyó a su antecesor Luis Beder herrera, viajó a Nueva York para gestionar la emisión de deuda. La noticia de la colocación de bonos trascendió ni bien terminó la Chaya.
Al final, La Rioja colocó bonos por 200 millones de dólares a 8 años de plazo, con devolución del capital en los últimos 4 años y con una tasa fija en dólares del 9,75 por ciento. Fue hasta ese momento la peor performance para una provincia desde la salida del default en 2016 y un 20% más caro de lo que las autoridades esperaban pagar de intereses. La operación estuvo a cargo de la consultora Puente y de la Unión de Bancos Suizos.
Ya en ese momento las autoridades habían advertido que la provincia recibió ofertas por 300 millones de dólares, un 50% más de lo ofrecido. Quizás por eso la segunda colocación de bonos por 100 millones de dólares no tardó en llegar, a fines de ese mismo año. La provincia mejoró su performance y logró una tasa fija en dólares del 7,539%, con un plazo de 7 años y una amortización en cuatro pagos.
En esos días, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, declaró públicamente que los bonos iban a ser saldados con el dinero generado por la venta de energía del Parque Eólico a CAMMESA, la compañía que opera el mercado eléctrico mayorista del país. Hoy está claro que eso no va a pasar, porque ni siquiera el monto de los contratos ya firmados alcanzaría para cancelar el pasivo.
Así lo reconoció expresamente el flamante CEO de la empresa, Ariel Parmigiani, cuando a fines de julio denunció que su antecesor, Juan Fernando Carbel, había estado durante años vendiendo espejitos de colores a los riojanos. “Iba consiguiendo préstamos e iba tapando otros préstamos que ya había sacado. Había armado un esquema de Ponzi. Cuando se le terminó el tema de créditos salió a flote el mal managment en general”, disparó en una entrevista con Nueva Rioja.
Una “prestigiosa” calificadora
Una de las claves para el éxito de la colocación de los bonos verdes, además de apelar a los principios de los “green bonds”, fue el máximo puntaje que le puso a los bonos riojanos la calificadora de riesgo crediticio estadounidense Standard & Poor’s, una de las tres agencias más grandes del mundo, que estuvo a cargo de la evaluación de sustentabilidad.
Este punto es fundamental, porque una de las cuestiones que resaltó la calificadora internacional es una excelente pista para seguir la ruta del dinero. De los 200 millones de pesos colocados en la primera emisión, el gobierno provincial había informado que destinaría 170 millones de pesos al desarrollo del Parque Eólico y, según S&P, no especificó para qué se usarían los 30 millones restantes, aunque alegó que eran para proyectos positivos para el medio ambiente (¿se usaron para la construcción del nuevo centro cívico?). La calificadora analizó la colocación de esos 170 millones de dólares, es decir, el 85% de la deuda, y le emitió su mejor calificación, la E1/85.
El informe de Standard & Poor’s, que se publica íntegro por primera vez en este artículo, destaca que “los US$170 millones correspondientes a la expansión de Parque Arauco ya se asignaron a un fideicomiso que desembolsará los fondos conforme avancen las obras”.
Ese fideicomiso se habría constituido en el Banco Rioja, a donde se habría depositado inicialmente el dinero, según el informe de S&P. Eso quiere decir que para investigar el tema bastaría con rastrear la cuenta, sus movimientos, si se autorizaron transferencias al Parque Eólico y cómo se acreditaron esas supuestas obras que se tenían que hacer para que se liberen los fondos. Entre las firmas detrás de esas operaciones estarían los eventuales responsables en caso de que se confirme algún tipo de delito vinculado a la maniobra.
¿Dónde está el dinero?
Más allá de las certezas que arroja el informe de S&P, hay muchas dudas. ¿Quiénes están o estuvieron a cargo de la administración del fideicomiso? ¿Qué movimientos tuvo esa cuenta? ¿Quedó algo de dinero? ¿Cómo están compuestos los 600 millones de dólares del pasivo del Parque Eólico? ¿Incluyen parte del dinero que ingresó por los bonos verdes? ¿Una porción de esa deuda es con el fideicomiso? ¿Quién financió el resto de los préstamos al Parque Eólico? ¿Quiénes actuaron de intermediarios?
Hay otra pregunta que es fundamental en esta fallida historia. ¿Qué porción del monto que ingresó a la provincia se usó para ampliar el Parque Eólico? Porque los números, sencillamente, no cierran.
Para entender este último punto hay que hacer un breve repaso. Cuando se solicitaron los bonos, en 2017, el parque tenía una capacidad instalada de 50,4 MW y el plan anunciado por las autoridades era llegar a alrededor de 300 MW en 2019, de manera que La Rioja iba a tener el parque eólico más grande de Latinoamérica.
Los años pasaron y, de acuerdo a la información oficial, apenas se llegó a la mitad de la meta: desde entonces, el Parque Eólico amplió en 100 MW su capacidad, a partir de dos adjudicaciones del programa RenovAr, lanzado durante la administración de Mauricio Macri, en cuyas primeras rondas la provincia fue bendecida con 99,75 MW y 95 MW.
Gobierno transparente
El informe de S&P increíblemente le puso una nota alta, de 93 puntos, a la calificación de la transparencia de la operación.
Parte de esa decisión tuvo que ver con las obligaciones que asumió el gobierno provincial cuando emitió los bonos. La Rioja se había comprometido a depositar el dinero en una cuenta especial y a usar esos fondos “exclusivamente para la expansión del parque eólico”, entre otras cosas. Pero además, informó que iba a realizar publicaciones periódicas en su página web para:
– Describir la continua aplicación de los recursos netos.
– Dar detalles sobre los montos ya asignados a Parque Arauco, las fechas del fondeo y las fechas de vencimiento contractual.
– En la medida de lo posible, entregar información sobre el resultado ambiental de tales proyectos.
Esto tiene que ver con uno los principios de los bonos verdes establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, que es la rigurosidad de la información.
Nada de eso ocurrió. Hoy el parque ni siquiera tiene página web. La transparencia brilló por su ausencia.
Eso sí: el propio informe de S&P reconoció como una “debilidad” de la emisión de bonos verdes que “no hay una auditoría independiente” porque todas las partes involucradas en el manejo de los fondos son “entidades relacionadas con el gobierno”: el fideicomiso bancario en el que se depositaron los fondos, el Parque Eólico que utilizaría el dinero y la Provincia, que autorizaba los desembolsos.
Quedó todo entre amigos. Y se perdió entre la burocracia y la oscuridad de las cuentas del Estado. Por eso la pregunta se vuelve necesaria una vez más: ¿dónde está el dinero?