[REDACCIÓN EL FEDERAL] Todo indica que este año habrá novedades importantes en la causa por el accidente de helicópteros de Villa Castelli, en el que diez personas fallecieron durante la filmación de un reality show. EL FEDERAL repasa en este artículo los cambios que se produjeron a partir de la última presentación de la fiscal Virginia Miguel Carmona y la agenda que viene. 

En diciembre de 2019 la fiscal presentó un nuevo dictamen en el que reformuló los hechos e  imputó y pidió las indagatorias de siete personas, cinco de las cuales ya habían sido formalmente acusadas. Los imputados son el ex intendente Alberto Paredes Urquiza y el ciudadano sueco Peter Högberg, cuya posible responsabilidad en el accidente había sido investigada por EL FEDERAL.

Lo que hizo la fiscal tiene varias implicancias desde el punto de vista técnico, según explicaron fuentes judiciales consultadas para este artículo. En primer lugar, interrumpió la prescripción, porque el plazo comienza a contar desde la última indagatoria. Es un punto a favor de Miguel Carmona.

Por otra parte, la fiscal le cerró la puerta a un posible conflicto de competencia con la justicia provincial, con una jugada que en los hechos no significó un cambio en el monto de una eventual pena contra los acusados.

Para que se entienda este último aspecto hay que ir un poco más atrás en el curso del expediente. La causa se abrió con otro fiscal federal, el fallecido Horacio Salman, quien había imputado a cinco personas: los productores porteños Gustavo Gordonas y Carola Iujvidin, el agente de turismo Mariano Platero y dos funcionarios: el ex secretario de Turismo, Álvaro Del Pino, y el todavía director de Aeronáutica, Daniel Gorkich.

A todos les imputó el delito de estrago culposo, pero a Del Pino y Gorkich también los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscal, sin embargo, les quitó esta última acusación, que es lo que las fuentes consultadas sostienen que podría haber dado lugar al conflicto de competencia con la justicia ordinaria, más allá de que todo indica que el caso debería cursar en el fuero federal.

Esto, a su vez, no tendría eventualmente consecuencias el monto de la pena posible, porque habría lo que técnicamente se denomina “concurso ideal de delitos”. En esos casos, corresponde aplicar sólo el delito con mayor pena.

Por otra parte, Miguel Carmona hizo en su dictamen una “reformulación de la plataforma fáctica”. ¿Qué quiere decir esto? Para que un imputado se defienda se le debe precisar de qué hechos está acusado, es decir, marcar la circunstancias de hecho, tiempo y espacio en las cuales se habría configurado el delito.

La fiscal, al reformular los hechos (tema que será analizado en el próximo artículo de EL FEDERAL), se ve obligada a citar a indagatoria nuevamente a los primeros cinco imputados, porque la indagatoria es un acto de defensa y ellos deben defenderse sobre la nueva acusación y no sobre la que había hecho el fiscal Salman.

Las fechas de esas nuevas declaraciones, así como también las de Paredes Urquiza y el ciudadano sueco –que todavía debe ser capturado por Interpol y extraditado a la Argentina– ya estaban fijadas, pero la feria judicial extraordinaria por la pandemia retrasó todo. Lo que sí llamó la atención es que todavía no se hayan reprogramado las audiencias. Las fuentes consultadas coinciden en que eso ocurrirá un breve. Será un año movido y algunos familiares de las víctimas esperan que se agilice la causa para llegar al juicio oral.