*Por Juan Pablo Parrilla

Hubo de todo y para todos los gustos. La semana que pasó tuvo los ingredientes necesarios para revolucionar la escena política en La Rioja: audios y chats filtrados de la oposición y del oficialismo, denuncias cruzadas, videos virales y un problema de fondo sobre cómo debe ser la respuesta del Estado frente a la pandemia.

En realidad la “semana política” empezó entre el viernes y sábado pasado, tras los anuncios de nuevas restricciones y las repercusiones de las protestas de comerciantes, que tuvieron sus coletazos en los días siguientes. Hubo dos hechos que influyeron en lo que vino después: la supuesta captura de un chat donde la intendenta Inés Brizuela y Doria llama a una “pueblada” contra el gobierno y la protesta del sábado en la casa particular del gobernador.

Buena parte de lo que ocurrió durante las protestas del martes se puede explicar a partir de esos elementos. Pero antes hubo otros dos hechos relevantes, con la divulgación de audios que buscaron ensuciar a ambos lados de la grieta. El primero se conoció en la noche del domingo, cuando el viceintendente Guillermo Galván fue denunciado en A24 por Carlos Ahumada Kurtz, un controvertido empresario de la construcción que tiene actualmente un pedido de captura internacional de la justicia mexicana.

La historia detrás de la entrevista es larga y empezó hace 20 años. Ahumada Kurtz fue amante de Rosario Robles, quien llegó a ser jefa de Gobierno interina de la Ciudad de México y era una figura importante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Según las fuentes consultadas, como funcionaria le abrió contratos con distintas alcaldías al empresario, pero la relación terminó de manera tormentosa, luego del caso conocido como el «videoescándalo», donde el empresario se filmó mientras pagaba una coima al secretario de Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la capital azteca y actual presidente. Ahumada Kurtz estuvo tres años preso y finalmente fue absuelto. Robles actualmente está detenida por otro caso de corrupción.  

Carlos Ahumada y Rosario Robles

Esa relación sentimental, que fue reconocida por ambos y que se puede ver en la serie El Chapo de Netflix, fue pasada por alto en el informe de A24, que presentó a Ahumada Kurtz como una víctima de la corrupción en México y Argentina.

Este último capitulo, en Argentina, comenzó a tejerse en 2003. En esos días de ascenso económico, el empresario -según su relato- le prestó al PRD 25 millones de dólares para una campaña electoral y recibió a cambio unos pagarés firmados por su amante. Una década después el empresario intentó cobrar esa deuda a través de un juzgado de Chamical. El distrito que eligió no parecería ser casual: Ahumada Kurtz trabajó en la construcción de un parque solar en la provincia de San Luis junto a la entonces sapem Ledlar, con sede en esa ciudad. Una versión periodística nunca aclarada asegura que el empresario conformó un fideicomiso con los directivos de la compañía riojana.

En ese marco, Ahumada Kurtz denunció que Robles y el PRD contrataron en Argentina como abogado a Germán Garavano, que era procurador porteño, algo incompatible con sus funciones, y reveló que el funcionario incluso los siguió asesorando tras asumir como Ministro de Justicia. Pero además lo acusó de armarle una causa por lavado de dinero a través de Martín Lanatta, uno de los condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez.

De acuerdo a la versión de Ahumada Kurtz, Garavano fue asesorado en La Rioja por Galván, quien fue coordinador de los Centros de Acceso a la Justicia Regional durante la gestión macrista. El empresario divulgó varios audios del Viceintendente con los que intentó probar su denuncia. Sugirió, incluso, que «compraron» a dos jueces del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Luis Brizuela y Claudio Ana. Quiso demostrarlo con los supuestos tickets de viajes a la Ciudad de Buenos Aires que habrían realizado los dos magistrados para encontrarse con Garavano. “Se reunieron con él y a la semana dieron vuelta un fallo”, disparó.

Hubo muchas repercusiones de la denuncia de Ahumada Kurtz a nivel mediático y memes en las redes sociales, y todo terminó con un pedido formal de juicio político al viceintendente presentado por una abogada riojana llamada Miriam de la Fuente, que actuó como ciudadana particular. “No la conozco a la colega que me denuncia ni el tenor de la denuncia que hizo”, se defendió Galván en una entrevista con Radio La Ciudad. “Los que tienen que dar explicaciones son los que manejan el dinero público”, añadió.

El Viceintendente se refería en parte al audio que se filtró al otro día de la entrevista a Ahumada Kurtz, que fue grabado durante una reunión en el Ministerio de Salud provincial. No está claro quién lo hizo. Una versión extendida se lo atribuye a “un médico radical” que habría participado del encuentro, aunque no son pocos los que sospechan que hubo algún tipo de interna en el gobierno, pues sólo se escuchan algunas intervenciones que afectan al jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo. A pesar de ello, el funcionario recibió el respaldo en privado y en público del gobernador Ricardo Quintela.

El audio en cuestión es bastante largo y hubo un tema particularmente sensible: Luna Corzo cuenta que los intendentes reciben 400 mil pesos por semana para comprar bolsones de comida, pero que los usan para otras cosas. Las redes sociales se llenaron de memes sobre la expresiones del Jefe de Gabinete, el tema llegó a un informe de la cadena TN -fue la nota más leída del portal de noticias- y el diputado provincial Gustavo Galván anunció que hará una denuncia penal.

Pero el problema de Luna Corzo no fue sólo hacia afuera, sino también hacia adentro, con los intendentes que quedaron expuestos apenas unos días después de respaldar públicamente a Quintela tras la manifestación en su vivienda. «Nos devolvieron el gesto con un baldazo de agua fría», graficó unas horas después un intendente a EL FEDERAL. Luego algunos jefes comunales exigieron expresamente una retractación pública, a pesar de que el audio era privado. El contexto no es menor: hay intendentes que mantienen una relación tensa con el quintelismo. Hubo, al final, un pedido de disculpas vía WhatsApp que también se filtró a los medios.

Hasta ahí, la crónica de lo que ocurrió en un puñado de días, entre el viernes y el lunes. Como si a la caldera política le hiciera falta más combustible, el capítulo del martes fue decididamente intenso. Ya se dijo que había dos elementos todavía latentes desde las protestas del viernes y el sábado. Uno, el chat de funcionarios municipales. A pesar de que la oposición alegó que se trató de “un armado”, en el oficialismo están convencidos de su veracidad. Fue un duro revés para la siempre difícil relación provincia-municipio. El otro elemento importante es la foto frente a la casa personal del gobernador Ricardo Quintela. La protesta, en la que hubo dirigentes radicales, había cruzado un límite muy delicado entre la esfera pública y la personal.

Hay un tercer elemento a destacar para entender la posición del peronismo. En la conferencia de prensa en la que se anunciaron las restricciones el gobierno pidió expresamente evitar las aglomeraciones durante las protestas. Y si bien la marcha del martes se trató de una convocatoria en todo el país, hubo una importante presencia de funcionarios municipales, a pesar de que la capital provincial adhirió a la cuarentena estricta.

En ese marco se produjo el bloqueo de la policía a la protesta, las escenas del miembro del COE golpeando a manifestantes y el pedido a gritos del diputado provincial Gustavo Galván a una mujer policía para que se identifique. Los videos no tardaron en viralizarse. Nadie hizo un mea culpa y todos eligieron el camino de la victimización.

Al otro día, el COE anunció que desafectaría al violento «Chaleco rojo», identificado como Hernán Javier Ruiz, aunque este medio constató a través de la AFIP que el sujeto es empleado público y todo indica que su situación laboral no cambiará. No está claro si le iniciarán un sumario administrativo.

Por su parte, la secretaria de la Mujer y Diversidades, Lourdes Ortiz, pidió que la Legislatura investigue la conducta de Galván, que fue condenado por el bloque peronista. El oficialismo empezó a sugerir cada vez con voz más alta la posibilidad de un juicio político y la secretaria de Gobierno municipal, Teresita Luna, no lo descartó.

«Me estaba dirigiendo a la funcionaria, no a la mujer», argumentó Galván. «Actué bien, tengo una gran tranquilidad de conciencia representando a la gente que me ha votado, no tengo temor y no lo digo en forma desafiante. Estoy sereno y voy a esperar con la tranquilidad de una persona que ha hecho las cosas bien y que actúa con transparencia», completó en declaraciones a FM 89.7.

En este punto hay que recordar que tanto el oficialismo como la oposición tienen entre sus filas a legisladores provinciales y municipales con denuncias por violencia de género física y acoso sexual. Todos siguen en sus cargos. El tema todavía espera una verdadera discusión que se ponga por encima de los nombres y de la grieta, porque el problema de fondo es transversal a toda la sociedad.

Con excepción de la denuncia contra Guillermo Galván, todos los hechos más importantes de la semana política tuvieron un elemento conductor, que es la pandemia y la respuesta que debe dar el Estado. Entre el oficialismo y la oposición hay un conflicto de intereses, sobre todo en torno a la situación de los comerciantes. La primera pregunta es hasta dónde están dispuestos a ambos lados de la grieta a tirar de la soga y si el final de las restricciones el lunes mermarán las llamas. Y la segunda es si acaso algo de todo lo que ocurrió ayuda a mejorar la situación sanitaria.

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