La historia comenzó en marzo del 2020, según comentó Laura Pedraza, la esposa del hombre que sufrió un ACV y padece varias secuelas graves, su marido necesita un tratamiento de rehabilitación física y neurológica.

Al comenzar la pandemia la familia decidió trasladarlo a una clínica en Córdoba, donde comenzaron los problemas con la obra social estatal APOS de la cual es afiliado, ya que habilitaban la cobertura de la internación. “Se iniciaron conversaciones con la administradora. Se judicializó el caso, se hace una medida cautelar que salió positiva del 28 de octubre 2020 para que proceda la cobertura de forma inmediata del 100 por ciento de neuro rehabilitación y kinésica”, explicó la mujer.

Posteriormente se impuso otro recurso de amparo que salió favorable para el paciente el 4 de diciembre de 2020. “El tribunal Superior indica a APOS cubrir todo el tratamiento desde el inicio pero al día de la fecha se me sigue descontando el porcentaje que le corresponde a un afiliado común”, precisó Pedraza, y continuó: “Luego el médico habilitó a trasladarlo a La Rioja para que se pueda internar en la casa. Tiene un certificado de discapacidad. APOS incumplió en una serie de cosas, ellos dan lo que ellos consideran”.

De esta forma la esposa del afectado reclamó que incluso con tres resoluciones judiciales a favor, APOS continúa incumpliendo su deber. En este sentido, denunció: “El tribunal tampoco exhorta para avisarles de cumplir. Es un abandono de persona. No quieren pagar, no quieren que se sienten precedentes y no es el único caso”.

Asimismo, reclamó una situación que vivió con una de las abogadas de la obra social, quien le respondió que cuidar a su esposo “son las tareas inherentes de la mujer”.

En este marco, Pedraza remarcó: “En ninguna oportunidad vinieron a hacer una auditoria, lo más molesto es que no tengo un médico que venga a verlo. Considero a esta altura que APOS se ha convertido en una sapem, sino que salgan a desmentirlo. Multiplique a todos los empleados públicos que nos tienen rehén de esa obra social y ven el dinero que le ingresa. Esto es un vuelto para ellos, sin embargo, tengo que andar padeciendo para conseguir medicamentos”.

Finalmente la mujer informó que como último recurso hizo una denuncia penal por incumplimiento de sentencia y afirmó que en La Rioja no se cumple con la ley de discapacidad. “Es grave que un organismo llegue a  esto, no voy a descansar, no es un capricho. Si mi esposo se muere le echo la culpa a la obra social y al resto de funcionarios, la ley en La Rioja se debe cumplir, para mí y para el resto de los empleados públicos”, manifestó Pedraza.

Fuente: Fénix

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