*Por Juan Pablo Parrilla
La detención de algunos hijos de dirigentes políticos de La Rioja fue tapa de todos los medios ayer, pero el problema de fondo pasó por otro lado: ningún fiscal accedió a impulsar una acción penal, por lo que todo se canalizó a través de un insólito sistema contravencional en el que el que paga queda libre. Literalmente, los pobres van a prisión y los ricos, a sus casas.
Fue el final a una semana que había empezado convulsionada por las duras declaraciones cruzadas entre el gobernador Ricardo Quintela y la intendenta Inés Brizuela y Doria. El mandatario por primera vez apuntó directamente contra la líder radical, mientras que la jefa comunal alternó expresiones muy duras y filosos retuits con llamados al diálogo.
Las polémicas en torno a las manifestaciones de la semana anterior, sin embargo, se fueron diluyendo, mientras crecía la figura del diputado Gustavo Galván. Lo curioso fue que quien cerró esa discusión al desmentir los pedidos de juicio político por violencia de género fue el legislador provincial Roberto Luna, denunciado por acoso sexual en una causa que la justicia decidió no investigar.
El peronismo, mientras, mira hacia adentro. Al malestar de varios intendentes, que se vio más reflejado en los grupos de WhatsApp que en la reunión que tuvieron esta semana, se le sumó una jugada de dos diputados del bloque Rioja Querida que desafiaron la negativa del gobierno provincial a comprar vacunas. Esta semana podría haber novedades sobre esa disputa.
Las lecciones de IMPSA
El jueves Quintela viajó a Mendoza para participar del acto en el que quedó concretada la capitalización de la empresa IMPSA. La firma recibirá 15 millones de dólares del Estado Nacional y otros 5 millones de dólares de la provincia de Mendoza, que se quedarán con el 63,7% y el 21,2% del paquete accionario, respectivamente.
Una lección negativa sobre IMPSA. No es un dato menor que su mentor, Enrique Pescarmona, quien condujo la empresa hasta 2018, y el directivo Rubén Valenti, reconocieron en la “Causa cuadernos” que pagaron coimas al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y a su subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta. El Estado no salvó a una empresa modelo, sino a una empresa que era parte del modelo de corrupción en el Estado.
Una lección positiva sobre IMPSA. Cuando se realizó el pliego de obras civiles para la construcción de la represa de Yacyretá, el ministro de Economía de facto, Alfredo Martínez de Hoz, decidió que el consorcio ganador sea internacional y esté liderado por una empresa extranjera, lo que le quitó una posibilidad de crecimiento a la industria argentina. Una de las firmas nacionales que participó del grupo de compañías fue justamente IMPSA, que poco después logró exportar turbinas gracias a la experiencia que ganó en Yacyretá. Otras empresas podrían haber hecho el mismo camino, pero la Dictadura se los cerró.
Entre los que asistieron al acto en la ciudad de Godoy Cruz junto a Quintela estuvo el presidente de Parque Eólico Arauco, Ariel Parmigiani. La empresa creada por Pescarmona fue proveedora de las primeras turbinas del parque y el propio Parmigiani subrayó que “muchos de los proyectos pendientes tienen que ver con IMPSA”.
Esos proyectos inconclusos serían las obras que se deberían haber ejecutado gracias al dinero que ingresó por el bono verde y no se hicieron. Ese mismo jueves, en Radio Fénix habló del tema el senador Ricardo Guerra, de escasa presencia mediática desde que asumió en el Congreso. Aseguró que cuando abandonó el Ministerio de Hacienda, en junio de de 2018, “quedaban 72 millones de dólares en una cuenta especial y más de 1.500 millones de pesos en la cuenta del tesoro federal”.
Preguntas: ¿ese dinero de dónde salió? ¿Son fondos de los bonos verdes, de las ganancias generadas por el Parque Eólico o cómo se obtuvieron? ¿Cuál era el fin? Sí hay una certeza: de acuerdo a los estados contables oficiales a los que accedió EL FEDERAL, La Rioja comenzó el 2018 con 4 mil millones de pesos en sus cuentas bancarias y terminó el año con la mitad, a pesar del 47,6% de inflación.
Buena parte de esa diferencia corresponde al dinero de los bonos verdes. Entre las dos cuentas del Banco Rioja que administraban los fondos obtenidos con esa emisión de deuda había 2.500 millones de pesos a principios de 2018 y menos de 60 millones de pesos cuando finalizó el año. ¿Ese dinero se transfirió al Parque Eólico? ¿Se acreditó alguna obra en Arauco para liberar los fondos, tal como exigía el contrato de emisión? ¿Quién autorizó esas operaciones?
Algunos especulaban en las últimas horas con que lo de Guerra fue una jugada política para forzar una declaración sobre el default de su sucesor, Jorge Quintero, que todavía es ministro de Hacienda. El que podría mover ese tablero es el ex gobernador Sergio Casas, pues quedó en offside con los dichos del senador.
Un pagaré para Ledlar
Otra ex sapem que está en el centro de la polémica es Ledlar. Hace unos años, el empresario cordobés Luis Alberto Cargnelutti denunció que fue literalmente estafado por los creadores de la empresa. Dijo que acercó la idea y la tecnología al Gobierno, que le prometieron una participación y que al final lo dejaron afuera, pero se quedaron con su know how. Detalló que las personas que le robaron su idea fueron los primeros socios de la Provincia en la empresa, José Agustín Bocchi y Duilio Joaquín Castro.
Bocchi es una de las dos personas que, según el diario El Universal de México, era fiduciario del fideicomiso Justicia y Verdad, con sede en Chamical, al que el polémico empresario Carlos Ahumada Kurtz le transfirió los famosos pagarés por 25 millones de dólares que intentó cobrar en esa ciudad riojana.
De acuerdo a esa versión periodística, los documentos tenían como beneficiarios a los hijos de Ahumad Kurtz, habían sido firmados por su amante, estaban a nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México y debían cobrarse, supuestamente, el 1 de agosto de 2011 en Argentina. Ante la falta de pago, el empresario eligió la vía judicial en Chamical, a más de 7 mil kilómetros del DF.
No está claro todavía el vínculo entre Ahumada Kurtz y Ledlar. Según una versión periodística de medios nacionales, el empresario se quedó con el 47% de la sapem en algún momento, pero en el Boletín Oficial de la provincia no hay rastros de esa operación. Sí trascendió mediáticamente que la compañía riojana fue proveedora del parque solar Cerros del Sol que el empresario realizó en San Luis con su compañía Pessa. Pero todavía quedan varias preguntas que buscan una respuesta.
Un atentado con “conexiones”
En las últimas horas comenzó a circular un dato que preocupa. Un sujeto habría atentado en dos ocasiones contra la antena repetidora que Radio Sónica tiene en el Cerro de la Cruz. El sospechoso estaría identificado con nombre y apellido. Al ser increpado, alegó que tiene “conexiones políticas”. Según las fuentes consultadas, en los próximos días será denunciado en la justicia, que también tuvo su capítulo mediático esta semana.
La pandemia podría haber sido una buena oportunidad para aggiornar los sistemas y digitalizar los procesos judiciales, pero -a diferencia de otras provincias- La Rioja no lo aprovechó. Un ejemplo: hace unos meses un grupo de auxiliares le pidió formalmente al Tribunal Superior de Justicia que les habilite la notificación electrónica para agilizar los procesos y evitar la circulación, pero no obtuvieron respuesta.
En la misma línea, esta semana un grupo de abogados se sumó al pedido de digitalizar los procesos. En declaraciones radiales, la abogada Paola Mebar propuso que la justicia local implemente un sistema de audiencias similar al de la justicia federal o al de otras provincias, así como la posibilidad de presentar escritos por correo electrónico. Y se refirió también a las notificaciones electrónicas. La Función Judicial tiene en sus manos la llave para actualizarse y, al mismo tiempo, reducir la circulación.