[REDACCIÓN EL FEDERAL] El gobierno confirmó que remitió las actuaciones de la policía en la fiesta clandestina del sábado a la madrugada en el barrio Cochangasta a la jueza de Instrucción de turno, Cristina Romero. La fuerza había confirmado que la justicia no autorizó el allanamiento al lugar y el caso se trató como una mera contravención.

La competencia en materia de delitos vinculados a la pandemia era federal, pero en La Rioja hubo un acuerdo para que sean materia de prevención policial, no siendo materia federal, según informó el Juzgado Federal en un comunicado. No obstante, en la noche del sábado hubo unos filosos tuits de la ministra de Justicia, Gabriela Asís, en los que apuntó directamente contra ese fuero:

El mismo sábado a la madrugada, el jefe de la Policía, Roque Jaimes, había lamentado en declaraciones a los medios que la justicia no haya dado la orden de allanamiento. Se especuló con la posibilidad de que esto tuviera que ver con los nombres de algunos involucrados, muchos de ellos hijos de funcionarios políticos y judiciales.

La negativa de la justicia a intervenir derivó en que todo se tomó como una mera contravención, por lo que los mayores de edad, entre los 138 detenidos, fueron liberados luego de pagar una multa.

Lo cierto es que en una gacetilla de prensa, el gobierno informó que el informe de la policía menciona los delitos de desobediencia a la autoridad y atentado a la salud pública.

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