*Por Juan Pablo Parrilla

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, es la máxima autoridad de la Iglesia que figura en la denuncia enviada al Vaticano para que se investigue si un grupo de sacerdotes encubrió a un monje procesado por abuso sexual, en el marco de la causa conocida como “Cristo Orante”.

El caso se conoció en 2019, cuando el joven Nicolás Bustos denunció en la justicia penal que durante años fue víctima de abuso sexual por parte de los monjes Oscar Portillo y Diego Roqué (ver foto), autoridades del monasterio Cristo Orante, ubicado en Tupungato, Mendoza. Sin embargo, antes de que el caso llegara a los tribunales penales, la víctima había realizado dos denuncias ante el Arzobispado de Mendoza, la primera de manera oral y la segunda, por escrito. Y según su última presentación, esta vez ante el Vaticano, recién en febrero de este año le confesaron que se había iniciado una causa penal contra un sólo de los acusados, mientras que a Portillo no se lo investigó.

Los acusados son Colombo, el obispo auxiliar de Mendoza, Marcelo Mazzitelli, el obispo de La Rioja, Dante Braida, y tres sacerdotes. La semana pasada EL FEDERAL repasó las pruebas contra Braida y en esta nueva investigación se revelan los documentos aportados contra su antecesor en La Rioja.

Las pruebas que aportó el abogado Carlos Lombardi, que actuó en representación de Nicolás, fueron extraídas de la investigación preliminar que el arzobispado de Mendoza realizó luego de la segunda denuncia presentada por escrito en 2018. Se trata de tres documentos firmados por Colombo, en los que el arzobispo ignora la acusación contra el monje Portillo y sólo se refiere a Roqué.

En ese sentido, la primera prueba contra Colombo es un decreto en el que Arzobispo impuso una medida cautelar contra el monasterio, con la que prohibió, entre otras cosas, «la incorporación de nuevos miembros» y «la institución de cualesquiera ministerios». Está incorporada a fojas 171 del expediente preliminar. Allí, entre los motivos de su decisión, sólo menciona la investigación que «se ordenó oportunamente respecto del presbítero Diego Roqué Moreno». No habla de Portillo.

El segundo documento es una nota enviada al prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, en la que Colombo alude al «acusado» en singular, en referencia a Roqué.

La nota tiene, además, una particularidad: en su momento fue un escándalo que llegó a medios nacionales, debido a que en el escrito Colombo le solicitaba al tribunal del Vaticano que el caso sea trasladado de Mendoza a San Juan, entre otras cosas, para «evitar (…) la posible judicialización, en sede estatal» y «el strepitum fori». No quería ni juicio penal ni escándalo.

La última prueba que aportó el abogado de Nicolás es una nota protocolar, dirigida esta vez al secretario del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, en la que Colombo reconoció que sólo ordenó una causa penal canónica «respecto al Pbro. Diego de Jesús Roqué Moreno».

En esta última nota, además, hay un dato del que se podría inferir uno de los posibles temas por los que Portillo podría haber sido encubierto. En el texto Colombo subraya en negrita que «la mentada causa no involucra en carácter de víctima a un menor de edad», algo que no podría haber afirmado si incluía a los dos sacerdotes.

«El obispo faltó a la verdad por cuanto de las denuncias surge que el denunciante contaba con 17 años de edad al momento de empezar a sufrir los abusos sexuales, estando bajo la guarda de los monjes, en 2009″, asegura la denuncia enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, según informó públicamente el abogado Lombardi.

Comunicado y denuncia

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Ejecutivo emitió un comunicado en el que respaldó la actuación de Colombo, Mazzitelli y Braida. Dos curiosidades. Primera: no menciona a los otros tres sacerdotes acusados. Segunda: Colombo es uno de los cuatro integrantes de la comisión, donde es vicepresidente segundo.

Por esa maniobra, Lombardi dijo a EL FEDERAL que realizó una segunda presentación ante el Vaticano, debido a las incompatibilidades (Colombo se respaldó a sí mismo) y a que el caso debería ser investigado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo que la Conferencia Episcopal no se debería haber pronunciado.  

Por otra parte, Colombo, Mazzitelli y Braida publicaron un comunicado en el que alegaron que no tienen constancias de que la denuncia haya sido efectivamente presentada (increíblemente, el Vaticano todavía no confirmó su recepción) e informaron que “en febrero se dictó sentencia en un proceso canónico por abuso de conciencia ocurrido en el Monasterio». No aclararon que ese proceso es por una denuncia distinta de otra víctima y que en ese caso no se investigó el posible abuso sexual de menores.

Los acusados también manifestaron que hay un proceso abierto en el Tribunal Interdiocesano Bonaerense, lo cual es cierto. No aclararon que Portillo no está siendo juzgado y que ese es justamente el eje de la polémica.

En este punto hay una cuestión importante. Cuando Braida (foto), Colombo y compañía decidieron no investigar a Portillo, no existía una denuncia en la justicia penal. Esto quiere decir que si Nicolás no la hubiera presentado, el monje hubiera continuado con su carrera casi como si nada hubiera pasado.

Esa podría ser una posible explicación del supuesto encubrimiento. Otra es que Portillo habría abusado de Nicolás cuando era menor de edad. Hasta ahora, ninguna autoridad eclesiástica se expresó sobre el fondo de la cuestión ni brindó argumentos. EL FEDERAL se comunicó con el Arozbispado, pero la consulta no llegó a buen puerto.

En la querella creen que la Iglesia alegará en algún momento, si es que la Congregación para la Doctrina de la Fe decide tomar el caso, que Portillo ya había recibido una “amonestación paternal” por los abusos, lo cual, según el abogado de la víctima, implicó un reconocimiento de que hubo un delito que no se le informó a la justicia y por el que se debería haber abierto un proceso penal canónico.

Al respecto, el abogado Lombardi explicó a EL FEDERAL que “la amonestación es un requisito para que se impulse la acción penal canónica, y en este caso Portillo no se arrepintió, no pidió disculpas, no reparó el daño y encima culpó a la víctima en una declaración en la que dijo que Nicolás lo manipuló y abusó de él”. Y cerró: «En otras palabras, como la amonestación no sirvió, en base a las normas del Código Canónico, Braida y Colombo deberían haber elevado la causa a juicio también contra el monje».

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