Luego de que la Cámara de Senadores de Catamarca diera su media sanción al proyecto del Ejecutivo provincial para expropiar las termas de Fiambalá, la diputada y presidenta del Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), Juana Fernández, reiteró sus críticas a tal iniciativa.

En ese marco, expresó que el proyecto de expropiación “no aclara nada al respecto, no dice en titularidad y poder de quién va a quedar, tampoco aclara el uso que se le otorgará a las tierras, ni qué competencia va a tener el municipio sobre esas tierras y sus recursos”.

Posteriormente, Fernández se refirió a la cantidad de tierras a expropiar, al preguntar sobre cuál es la finalidad de expropiar 1.200 hectáreas cuando el Complejo Termal no tiene más de 80 en toda su extensión. En ese marco, consideró que se debería aclarar este punto.
#Esto tiene dueño y se entiende que hay que pagar por esas tierras” afirmó. En este punto, la legisladora sostuvo que esto es “otro paso más por consolidar una política de avasallamiento a los derechos territoriales, a la propiedad privada, no conforme con la sistemática concentración de los recursos de las regalías mineras e insaciable priorización por la obra pública; en vez de invertir en la defensa y proteger la vida de cientos de catamarqueños que son víctimas por COVID y otras patologías, la compra de más vacunas, tomógrafo u otros elementos prioritarios para la salud pública”.
Más adelante, afirmó que el proyecto, que ya tiene media sanción, “es muy general” y que una expropiación de utilidad pública “debe ser bien acreditada”.

“Los presupuestos expuestos en la ley son muy vagos y poco puntuales por lo que se convertiría en un intento del Gobierno entendido en sus dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) de sustraer de manera compulsiva y arbitraria parte de la propiedad privada de un ciudadano”, dijo.

Finalmente, la legisladora del radicalismo indicó: «Una vez que este proyecto llegue a la Cámara debatiremos y no seré parte de actos arbitrarios como nos tiene acostumbrado el Ejecutivo y sus séquitos, sin que se dejen en claro cuestiones trascendentales del tema como las que aquí se cuestionan, ni me convertiré en cómplice de un acto de arbitrariedad manifiesta”.

Luego de haber realizado el anuncio de la expropiación del Complejo Termal de Fiambalá, el Poder Ejecutivo avanzó con esta iniciativa y fue así que remitió a la Cámara de Senadores el proyecto de Ley sobre declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmuebles de la localidad tinogasteña.

En el proyecto, que lleva la firma del gobernador Raúl Jalil, se expresa que las tierras a expropiar serán destinadas a la puesta en valor y jerarquización del Complejo Termal y Turístico y el desarrollo de actividades de recreación, terapéuticas y de esparcimiento; además faculta al Estado provincial a celebrar instrumentos legales para la transferencia con el Municipio a cargo de la intendenta, Roxana Paulón.

LA EXPLICACIÓN DE LA INTENDENTA PÁGINA/12

«Fiambalá tiene una situación muy especial, nada está saneado. Es como algo cultural, las casas de las personas tampoco están saneadas, los viñedos tampoco, pertenecen a los abuelos, a los bisabuelos. Con la bodega municipal también nos costó mucho trabajar, porque el Instituto Nacional de Vitivinicultura nos pide los viñedos saneados. Y absolutamente todo tiene ese mismo problema, el edificio municipal no estaba saneado. Todo lo que pertenece a la municipalidad tampoco, y en ese contexto el complejo termal tampoco estaba saneado. En papeles pertenece a una persona de nacionalidad china, que es dueña de todos estos campos y está plasmado en papeles. Entonces necesitábamos poder sanearlo y devolvérselo al pueblo de Fiambalá, más allá de que las termas son de Fiambalá y pertenecen al pueblo, pero en los papeles dice otra cosa, entonces, me parece importante empezar a legalizar todo lo que corresponde al municipio».

«Fuimos por una prescripción administrativa, no se pudo dar, y después fui al gobernador a explicar este problema, así que el camino más corto fue una expropiación de parte de Provincia para devolvérselo al municipio de Fiambalá. Allí es donde surge toda la mala información y querer confundir a la gente. Estuvo un gobierno 30 años y no se ocupó de sanear y de hacer lo que corresponde con el complejo termal. Los costos son altos en cuanto a lo político, pero yo necesitaba asumir esos costos, porque siento que hay que devolverle con papeles el complejo a la gente. Una vez que se apruebe en Diputados, será ley la expropiación de las termas y de todo lo que rodea a las termas y se podrá devolver a Fiambalá como corresponde».

Fuente: El Ancasti / Página/12

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