[REDACCIÓN EL FEDERAL] Dos juezas, una civil y otra penal, le prohibieron a una ciudadana mencionar a una funcionaria pública, la secretaria de Justicia, Karina Becerra. Una de las magistradas dio un paso más y le ordenó que también se abstenga de hablar sobre Ernesto “Harry” Pérez, que es secretario de Agricultura. Todo, a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente la censura previa.  

Para comprender la noticia, un breve repaso de sus protagonistas. De un lado están Ernesto “Harry” Pérez y Karina Becerra. Son, respectivamente, secretario de Agricultura y la secretaria de Justicia. Y son pareja. Hace 10 días fueron noticia por la fiesta clandestina que se organizó en una vivienda que tienen en la quebrada. Desde el Municipio aseguraron que Becerra engañó a los inspectores y a la policía, y les hizo creer que había una nueva reglamentación sobre eventos sociales. Todo terminó con serias contradicciones entre los relatos de Becerra, el secretario de Seguridad, Pedro Fuentes, y el jefe de policía, Roque Jaime.

Del otro lado está Elisabeth Atencio. Su hija Rocío Bazán denunció por violencia de género a Ángel Ruarte, el mismo que en su momento fue investigado por el crimen de Gabriel Minué. La semana pasada, Bazán denunció una supuesta maniobra de la fiscal Nadia Schargrodsky para beneficiar a Ruarte. En pocas palabras dijo que la engañó para que baje la calificación de la denuncia. Le habría prometido que iba a pedir 10 años de cárcel, pero en el juicio solicitó cuatro, menos de la mitad del máximo legal. Sin embargo, la justicia rechazó la denuncia contra la fiscal sin investigar el caso.

En la otra vereda, la justicia tardó un puñado de días en ordenar la censura a Atencio, a raíz de una serie de declaraciones en redes sociales, aunque no está del todo claro por qué. Las dos notificaciones que la mujer dijo que recibió sin haber participado antes en los expedientes no explican qué fue lo que desencadenó esas decisiones. 

En primer lugar, la jueza civil Paola María Petrillo de Torcivia le ordenó a Atencio que “se abstenga de nombrar o mencionar, en forma directa o indirecta, a la actora, Ana Karina Becerra, mediante la publicación o difusión pública, oral o escrita, en cualquier ámbito y por cualquier medio masivo de comunicación, comentarios, noticias, datos, imágenes o circunstancias que resulten ofensivas o difamatorias y que atenten contra los derechos fundamentales de la actora”.

La decisión es groseramente controvertida. La censura previa en Argentina está expresamente prohibida por la Constitución Nacional. Lo que la Carta Magna dispone es que Elisabeth Atencio y cualquier ciudadano pueden decir lo que quieran y cuando quieran. En todo caso, si sus dichos violan la legislación, serán pasibles de sanciones. Pero un magistrado no puede condicionar la libertad de expresión de nadie, de ninguna forma, menos a la hora de opinar sobre un funcionario público.

Antes de la reforma constitucional de 1994 existía una suerte de distinción entre “censura buena” y “censura mala”. Ese año se incorporó a la Carta Magna el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que el ejercicio de la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores”. Y así lo ha ratificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la única excepción es el acceso a los espectáculos públicos para la protección moral de la infancia y la adolescencia.

Para que se entienda: hasta los discursos de odio cuentan con la prohibición de censura previa, más allá de las responsabilidades ulteriores que podrían provocar, como una sanción penal o una indemnización, o incluso la limitación de su circulación. El objetivo no es otro que cuidar la democracia.

La jueza Petrillo de Torcivia, además, mandó a Atencio a “eliminar […] toda publicación ofensiva o difamatoria que hubiera realizado, especialmente en las fechas que se encuentran consignadas en el acta notarial”, aunque la notificación no aclara cuáles son esas publicaciones. Y la amenazó con enviar las actuaciones a la justicia penal y aplicarle una multa de 10 mil pesos por cada vez que no cumpla con su polémico mandato.

Quizás esa decisión tenga que ver con una serie de denuncias de Atencio en el caso Ruarte, por las que apuntó contra Becerra, por supuestas trabas que habría ordenado la funcionaria para beneficiar al acusado.

No obstante, a pesar de la amenaza de la jueza Petrillo de Torcivia, la justicia penal ya avanzó sobre el tema y también ordenó la censura previa, aunque en este caso fue recíproca entre Atencio, por un lado, y Pérez y Becerra, por otro.

La notificación de la decisión de la jueza Petrillo de Torcivia fue entregada el jueves 8 de julio. Ese mismo día, Atencio –según consta en un acta policial en la que figura como “denunciante”– se acercó a la comisaría segunda, donde le notificaron la decisión de la jueza Cristina del Valle Romero, del Juzgado de Instrucción Nº 1, que ordenó “medidas de protección recíprocas”. Y entre otras cosas, les prohibió a todos “mencionarse”, incluido en redes sociales. Todo, bajo amenaza de detención.

Al parecer, según Atencio, en la comisaría segunda le manifestaron que tanto su denuncia por violencia de género como la denuncia que le hizo Becerra (supuestamente, por publicaciones suyas en redes sociales) fueron al Juzgado de Instrucción Nº 1, que no es competente en materia de violencia de género. Y allí la jueza habría decidido censurar a todos, entre otras medidas de protección.

“Tengo mucho miedo”, comentó en un video Atencio. La mujer había contado que el domingo 4 de julio pasado había ido a denunciar a Harry Pérez por violencia de género, por una serie de posteos en los que, según ella, la “trató de puta”. También porque, aseguró, luego de esas publicaciones el funcionario le tiró un vehículo encima. Por ese último caso apuntó además contra Becerra, quien “filmaba y se reía”. La pareja venía de protagonizar, un día antes, el escándalo de la fiesta clandestina. Pero al llegar a la comisaría segunda, Atencio se encontró con Becerra y Pérez, que la estaban denunciando a ella.  

Esos posteos por los que Pérez fue denunciado por violencia de género en la comisaría segunda motivaron un duro comunicado de “Ni una menos – La Rioja”. “Repudiamos el accionar del funcionario, quien en defensa de un procesado por violencia de género que actualmente espera sentencia [Ruarte] atacó a la madre de la víctima reproduciendo violencia contra las mujeres y estigmatizando a las sobrevivientes de este tipo de delitos”, publicó en su página de Facebook. Y recordó que en el pasado, Pérez hizo pública su defensa de un imputado de abuso sexual a una nena.

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