Estas son las denuncias penales contra el jubilado y el ex policía que reclaman 90 hectáreas del Cerro de la Cruz

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*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL

El jubilado Gregorio Córdoba y el ex policía Américo Ruiz, que reclaman casi 90 hectáreas del Cerro de la Cruz en base a un boleto de compraventa con varias irregularidades, recibieron por lo menos dos denuncias penales por usurpación, según fuentes consultadas por EL FEDERAL.

Dos denuncias presentó el ingeniero Luis María Agost Carreño, cuyo hijo posee una franja de terreno en la base del cerro. La primera fue impulsada el 12 de marzo de este año, a las 20 horas, en la comisaría cuarta, contra “autores a determinar”. Allí pidió que “se investigue la posible comisión de hechos con relevancia penal del delito de usurpación”.

Según relató en aquella presentación, el 11 de marzo se presentó en un terreno que tiene Máximo Agost Carreño en la base del cerro desde el 2005. “En el lugar puede observarse que se han colocado dos alambres precarios que cortan la propiedad, siendo que la misma no está alambrada en su perímetro, pero sí tiene amojonamiento determinando los límites”, precisó.

La segunda denuncia es más precisa y detalla que “entre los días 5 y 22 de agosto de 2019”, en el mismo terreno “se encontraban varias personas tomando medidas, quienes serían un agrimensor que supuestamente se llama Carlos Sebastián Herrera y dos apersonas de apellido Ruiz y Córdoba”.

Los que también denunciaron a Ruiz y Córdoba son Lino Nicolás Ceballos –quien ya falleció– y su hijo Nicolás, según contó el propio Nicolás a EL FEDERAL.

“Mi familia vive acá desde hace por lo menos 35 años. Mis abuelos vivían más arriba y mis padres decidieron instalarse acá”, contó Nicolás Ceballos, que tiene una casa muy humilde cerca del Camping Legislativo.

“Ya ni sé cuántas veces fuimos a la comisaría cuarta. La última vez fue porque se metieron en el fondo de mi casa y me quisieron agredir”, recordó Ceballos.

En la última oportunidad filmó el siguiente video:

Córdoba y Ruiz quieren quedarse con el equivalente a 125 canchas de boca en la base del Cerro de la Cruz, pero a nivel judicial y administrativo no pudieron avanzar. En varias presentaciones, distintas dependencias del Estado detectaron irregularidades en las pruebas que presentaron.