[EDITORIAL] Bono Verde y corrupción: ¿dónde están los que deberían denunciar en la justicia e investigar?

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Mirar para atrás en La Rioja implica recordar una cadena de escándalos que se perdieron con el tiempo. Desde el monumental desfalco a través de ONGs truchas hasta los negociados en torno al helicóptero sanitario de la provincia que se estrelló en Villa Castelli, la justicia no ha dado ninguna señal a la sociedad de que quiere acompañar los reclamos para poner fin a la corrupción.

En ese marco hay que interpretar la reciente revelación sobre los Bonos Verdes realizada por el flamante presidente del Parque Eólico Arauco, Ariel Permigiani.

“Uno de los problemas es que la totalidad de ese dinero no fue a obras sino que hubo mucho gasto financiero en el medio, sobre todo en el pago de intereses del bono. No se terminó de invertir lo que se dijo que se iba a invertir porque hubo muchos gastos financieros por otro lado y haciendo frente a otros créditos y al crédito en si. Esto derivó en que se debían haber terminado dos parques al menos y se terminó uno solo y con deuda“, explicó en una resonada entrevista con Radio La Red.

Tres preguntas a partir de sus declaraciones:

¿Ninguno de los fiscales, que deberían actuar de oficio, escuchó las declaraciones del economista, que se reprodujeron en la mayoría de los medios de la provincia?

¿A ningún funcionario se le ocurrió formalizar la denuncia en la justicia, en virtud de que hacerse los distraídos, para ellos, es un delito?

¿La oposición va a seguir presentando pedidos de informes o va a formalizar alguna denuncia e impulsar el expediente?

Permigiani advirtió que las nuevas autoridades del parque harán una auditoría. La lógica indica que ese reporte debería derivar en una denuncia penal, si es que acaso se detecta la comisión de algún delito.

Pero en este punto hay que hacer una aclaración. La denuncia no basta. La causa de las ONG, por ejemplo, sigue abierta, pero avanza a paso de tortuga, según las fuentes consultadas, y muy lejos de los responsables políticos. Tampoco la oposición se ocupó de impulsarla y se limitó a un show mediático a través de Laura Alonso, que utilizó el expediente más bien como elemento de presión ante el peronismo.

En definitiva, no es suficiente denunciar para la foto. Hay que impulsar los procesos, controlarlos y garantizar que se juzgue a los responsables. Es lo que espera la sociedad. Y lo que tienen que hacer sus representantes: oficialismo, oposición y funcionarios judiciales.

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