La investigación tuvo inicio en octubre del 2018, a cargo de la Unidad de Inteligencia Criminal, lográndose identificar a los autores del hecho, como así también todos los elementos probatorios solicitados por el magistrado Hector Daniel Barria, que permitieron vincular a las personas implicadas en el hecho, conjuntamente con el mecanismo empleado por los mismos para la comisión del delito mencionado.

Previamente a las medidas llevadas a cabo en la fecha, en el mes de Junio del año 2019, se realizó un allanamiento en la sede Municipal, secuestrándose los elementos empleados para la confección de las licencias, los cuales fueron peritados por los laboratorios informáticos y químicos de la Agencia Regional Federal Cuyo, arrojando que los insumos empleados para la maniobra coincidían con aquellos enviados por el Ministerio de Transporte de la Nacion Argentina, producto de tratarse de una licencia nacional de conducir, a los órganos municipales encargados de su emisión.

El trabajo de inteligencia de esta Unidad permitió verificar que los trámites que habían sido realizados irregularmente con insumos originales conteniendo todas las medidas de seguridad en sus laminados, pertenecían a una partida que había sido enviada en el año 2016 a la entidad Municipal los cuales fueron dados de baja, sin conocerse el destino final de los mismos.

Asimismo, se logró identificar que todas las licencias apócrifas poseían un patrón común, constando con idéntica firma donde debería encontrarse la firma del titular del plástico, lográndose de esa forma vincular todas ellas no solo por los insumos utilizados al pertenecer al mismo lote, sino también que la confección había sido realizada por las mismas personas, vinculándose a todos los autores en una misma organización.

Reunidos los elementos de prueba y fundamentado el accionar de cada uno de los autores, el magistrado interventor dispuso se lleven a cabo las medidas dispuestas para la fecha, con el arresto de dos personas cuya identidad se reserva producto de que se espera que se realicen nuevas detenciones vinculadas a la red dedicada a comercializar las licencias de conducir, siendo damnificados no solo las personas que se acercaron a la tramitación de las mismas desconociendo que el mismo era fraudulento, sino a la sociedad en general que se encontró defraudada al encontrarse circulando un sin fin de licencias sin las correspondientes garantías que el estado debe realizar al momento de la emisión.

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