*Por Juan Pablo Parrilla

El Congreso empezará a debatir hoy la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional y que tendría garantizada su aprobación en el Senado, pero llegará a la Cámara de Diputados con final abierto. EL FEDERAL repasa en este artículo las cuatro modificaciones que propone para la justicia riojana.

Hoy los magistrados federales tienen causas en materia penal, civil, laboral y contencioso administrativo. Una de las ideas centrales del proyecto es desdoblar la competencia y que haya un juzgado federal que se dedique exclusivamente a las causas penales y otro para el resto. El proyecto original creaba 94 juzgados federal de primera instancia en lo penal, uno de los cuales iba a tener asiento en la ciudad de La Rioja, además de un fiscal y un defensor público oficial para actuar ante ese tribunal, y el traspaso de dos secretarías.

Sin embargo, el proyecto que obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la cámara alta modificó el proyecto original y decidió que el nuevo juzgado federal de primera instancia en lo penal de La Rioja tenga asiento en Chilecito, con jurisdicción sobre los departamentos de Chilecito, Famatina, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.

De acuerdo al texto del dictamen, la única excepción sobre la competencia penal del nuevo juzgado federal de Chilecito será en lo respectivo a los delitos y faltas electorales, y a las leyes especiales. Y al igual que el actual juzgado federal, su alzada será ejercida por la Cámara de Federal de Apelaciones de Córdoba.

Ese juzgado tendrá, a su vez, su respectiva secretaría, pero el proyecto establece que el cargo de defensor público oficial y fiscal con competencia penal tendrán asiento en la ciudad de La Rioja y no en Chilecito.

El proyecto ha tenido mucha resistencia por parte de asociaciones vinculadas al ámbito judicial de todo el país, más allá de que la enorme mayoría de los especialistas coinciden en la necesidad de modificar el sistema.

Además de las cuestiones de forma (fue impulsada sin consenso y en plena pandemia), buena parte de los cuestionamientos se han centrado en que la reforma prioriza la creación de juzgados en lugar de fiscalías, que son la clave para pasar definitivamente al llamado «sistema acusatorio», en el que la investigación recae en el fiscal, como reclaman la mayoría de los juristas.