*Por Juan Pablo Parrilla

El juez Ariel Sebastián Bacco ordenó el viernes la detención de David Enrique Herrera Duarte, el sujeto que encabezó una protesta de trabajadores PEM el jueves frente a la residencia oficial, en la que insultó al gobernador Ricardo Quintela y, según el polémico fallo, lo amenazó. El arresto fue finalmente concretado ayer por personal de la comisaría tercera. EL FEDERAL analiza en esta nota los argumentos volcados por el magistrado en su resolución.

Duarte está acusado por tres delitos por lo que dijo en un video filmado por la 4×4 durante la manifestación.

El primer delito que se le imputa, la coacción agravada, está consagrado en el artículo 149 ter, inciso 2 a), del Código Penal, y establece una pena de cinco a diez años de prisión para los que “hicieren amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”, cuando “las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

El segundo delito que se le imputa es intimidación pública. Está en reprimida en el artículo 211 del Código Penal, que establece una pena de 2 a 6 años de prisión al que “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

El último delito que se le atribuye a Duarte es el de incitación a la violencia, que figura en el artículo 212 del Código Penal y que dispone que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

Los argumentos del juez

En su resolución, el juez Bacco detalló que en las imágenes se puede ver a una mujer y a otro grupo de personas que “se dirigen a la cámara que los está filmando con el objeto de enviar un manifiesto mensaje de amedrentamiento a personas determinadas, como lo son el gobernador de la provincia y [el secretario de Gobierno] Armando Molina, en una clara actitud desafiante y provocadora, con el inequívoco objeto de obtener una medida o concesión a su favor y/o de las personas cuya representación se arrogan”.

En concreto, el magistrado citó tres frases dichas por Duarte:

– “Aquí no nos vamos a ir hasta que a mí me de la solución, a mí me la va a dar, conmigo no va a joder, culiado, conmigo, no, eh”.

– “Soy Duarte, el pesado del Barrio Matadero“.

– “Sos un boludo, culiado, un boludo grande, te voy a ir a buscar a vos, cabrón, vos vas a ser un preso político, vas a ser un preso político, acordate, chango, vos te la están mandando y te estás cagando en la gente”.

Dudas y protesta

Mientras en las redes sociales empezaban a circular voces en contra de la detención y desde el gobierno recalcaban que el fiscal actuó de oficio y que no estaban al tanto, se viralizó una convocatoria para la mañana del domingo frente a la residencia oficial para reclamar por la liberación de Duarte, que de acuerdo al texto del magistrado deberá cumplir con el arresto en la alcaidía.

A su vez, entre periodistas y trabajadores PEM se preguntaban qué sucederá en el futuro, pues la resolución del magistrado sugiere que otras personas también cometieron las supuestas amenazas.

MIRÁ LA RESOLUCIÓN COMPLETA:

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