[REDACCIÓN EL FEDERAL] El Juzgado Federal de La Rioja anunció que iniciará acciones legales contra la ministra de Justicia, Gabriela Asís, por sus declaraciones a raíz del conflicto de competencia en torno al desalojo de fiestas clandestinas durante la pandemia. Solicitó, además, que la funcionaria se retracte.

La información fue brindada en un comunicado que no lleva firma, pero que circuló entre periodistas y cuya veracidad fue confirmada a EL FEDERAL por una fuente de la justicia federal. En la nota, el Juzgado Federal desmintió su supuesta competencia en «los procedimientos relativos a los incumplimientos de las restricciones en razón de la pandemia».

La polémica empezó en la madrugada del sábado, cuando la policía no consiguió una orden de allanamiento a la casa del barrio Cochangasta en la que había una masiva fiesta clandestina. Todo se manejó como una mera contravención y los que pagaron una multa de apenas 10 mil pesos se fueron a su casa.

Esa noche, la jueza Asís publicó dos furiosos tuits en los que culpó a la justicia federal. Aunque no aclaró el motivo, cualquiera que unió hilos llegó a la misma conclusión: fue por lo que había ocurrido esa madrugada.

Esta mañana, desde el gobierno avisaron en un comunicado de prensa que las actuaciones policiales habían sido remitidas a la jueza de Instrucción Cristina Romero. Y en ese marco se conoció el comunicado del Juzgado Federal.

Allí el juzgado informó los resultados de una reunión que no había sido comunicada a los medios. Habría sido el 17 de mayo, hace 20 días, en la sede de la Fiscalía Federal, entre el jefe de policía, Roque Jaimes, y el secretario de Seguridad, Pedro Fuentes, y posiblemente la titular de la fiscalía, Virginia Carmona, que hasta ese momento actuaba en todas las causas sobre violaciones a las disposiciones sanitarias. El comunicado asegura además que también hubo reuniones con Nadie Shadrosky, en representación del Ministerio Público.

«Como producto de las reuniones mantenidas se elaboró una Guía de Actuación para la Policía de la provincia, en la que se concluyó que las reuniones sociales prohibidas resultan ser materia de prevención provincial, no siendo materia federal«, aclaró la nota del Juzgado Federal.

Según precisa el comunicado, la decisión de que estas cuestiones no sean competencia federal no se basa en un fallo judicial, sino en «el criterio de la Procuración General de la Nación y en la ley 10.290», que establece el régimen sancionatorio excepcional por la pandemia.

«Enrostrar responsabilidad en los inaceptables términos utilizados por la Dra. Asís, en contra de la Justicia Federal de esta provincia, no sólo es desacertado desde el punto de vista jurídico, sino reprochable y peligroso institucionalmente, al apelar a la desinformación para confundir a la sociedad, incurriendo con ello en una inobservancia de los deberes de prudencia y conocimiento que le caben en el ejercicio del cargo ministerial que ocupa», finaliza la nota de prensa.

La primera duda que surge de aquí es por qué no se siguieron los pasos que establece la ley para decidir la competencia ante un delito. La competencia no puede ser fruto de una reunión ni de un consenso, sino que la debe decidir la justicia en base a una serie de reglas y procedimientos previamente establecidos.

La segunda duda es qué pasará con todas las actuaciones previas de la justicia federal, ahora que el Juzgado que actuó durante un año y dos meses sale a decir que «resulta claro» que no es competente y que enrostrarle responsabilidad es «desacertado desde el punto de vista jurídico».