La estrategia del peronismo para salvar del juicio político y sumar a sus filas al concejal Freddy Herrera, acusado de violencia de género, fue quizás la maniobra más deleznable de los últimos años en la política riojana, al menos entre las que se conocen públicamente. Sin embargo, la denuncia contra el edil Enrique Balmaceda dejó en claro que a ambos lados de la grieta lo que prima es la especulación antes que las ideas de fondo, esas que no deberían cambiar a pesar de las posiciones.

No está claro por qué en su momento Juntos por el Cambio le soltó la mano al concejal Herrera. Hay una versión oficial: que fue un gesto noble. La otra se rumorea: que fue una interna.

Como sea, la denuncia era muy grave y el juicio político hubiera sido ejemplar. Pero los concejales peronistas sumaron a Herrera a sus filas e hicieron una maquiavélica maniobra para que el propio concejal pueda votar en contra de su juicio político. El “que se vayan todos” huele a poco.

Herrera contó, además, con el voto a su favor de la concejal Ximena Marenco, que poco antes había denunciado a Guillermo Galván por violencia de género y se había quejado por la falta de sororidad.

Esta semana, el radicalismo se encontró otra vez con un concejal denunciado por una agresión a una mujer, pero en este caso, el edil es del riñón de la intendenta Inés Brizuela y Doria, que no le soltó la mano, aunque detrás de su decisión hay una preocupación: que Juntos por el Cambio ya perdió un voto en el Concejo Deliberante y que la concejal que debería asumir en lugar de Balmaceda, Norma Fajardo, responde a su secretaria de Gobierno, Tere Luna, de origen peronista. En algún punto, fue un voto de desconfianza a Luna.

Llamativamente, el radicalismo se mostró más preocupado por las pintadas contra Balmaceda que por la denuncia en su contra. Por citar un ejemplo, la secretaria de Obras Públicas, Silvia Salzwedel se limitó a retuitear los mensajes de Brizuela y Doria sobre el concejal (lo mismo que hicieron prácticamente todos los dirigentes de su espacio), pero escribió un largo hilo sobre las pintadas.

Hubo un grosero nivel de sobreactuación que choca con el silencio que guardó desde su asunción sobre el resto de las pintadas que hay prácticamente todas las plazas de la capital. Sólo molestaron las pegatinas contra Balmaceda. Silvia Salzwedel llegó a decir que las pintadas “banalizan la violencia de género”.

Lo cierto es que esta vez el radicalismo optó por el clásico “que actúe la justicia”, que es el mismo que en su momento utilizó el peronismo para proteger a Roberto Luna, quien tuvo una denuncia muy fuerte por acoso sexual, pero en su caso, directamente ligado a su función, pues lo acusaron de pedir favores sexuales a cambio de ayudas sociales.

Ese expediente judicial tuvo un cierre escandaloso, que en su momento fue investigado por EL FEDERAL y que tiene como protagonista a la actual ministra de Justicia, Gabriela Asís, que estaba el frente del Juzgado de Violencia de Género.

Según contó el abogado de la denunciante, Joaquín Pistone, la causa penal contra Luna avanzó y el 6 de noviembre de 2019 salió el dictamen del fiscal con la imputación y la decisión de abrir una investigación contra el diputado. El 12 de noviembre lo notificaron. El letrado se presentó en la causa como querellante y el acusado también eligió un abogado defensor.

Pero una semana después desde el juzgado que conducía Asís aseguraron que fue un error de carga, que Luna no estaba imputado porque la denuncia se había desestimado y que la jueza había mandado a archivar el expediente. La sugestiva maniobra y la insólita excusa dejaron un tendal de dudas.

Para que se entienda: primero abrieron el caso, pero luego dijeron que fue un error, que no había nada que investigar, y la jueza Asís desestimó el caso. No se analizaron las pruebas ni se peritó el teléfono de la denunciante.

A la justicia, sencillamente, no le interesó el caso. Tampoco a los legisladores peronistas, algunos de los cuales luego sí empezaron a sugerir la posibilidad de que el diputado Gustavo Galván sea sometido a juicio político por violencia de género, debido a que le pidió a los gritos a una mujer policía que se identifique. El tema no avanzó por una nueva especulación política: que el legislador radical sea candidato.

Lourdes Ortiz, la secretaria  de la Mujer, no había tardado en hacer una presentación ante la Legislatura para pedir que se evalúe el caso de Galván. Pero aquí hay un dato que no debería pasar desapercibido: las páginas en redes sociales ligadas al feminismo local, como Ni Una Menos, Isadora o Mala Junta, entre otras, no le siguieron los pasos.

Como se viene insistiendo desde este espacio editorial, La Rioja necesita un verdadero debate que ponga a la violencia de género por encima de la grieta. Lo que ocurrió esta semana es una muestra más que lo político partidario sigue siendo la prioridad para la mayoría de los políticos. La indignación selectiva reina.

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