*Por Juan Pablo Parrilla

El abogado Carlos Lombardi denunció que la Iglesia no contestó formalmente el escrito que presentó para que se investigue si el arzobispo Marcelo Colombo y el obispo Dante Braida, entre otros sospechosos, encubrieron a un monje procesado por abuso sexual.

Lombardi contó a EL FEDERAL que presentó la denuncia ante seis organismos de la iglesia. “Sólo respondió uno, la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, creada por [el papa Jorge] Bergoglio, donde me ‘invitan’ a dirigirme a las congregaciones competentes”, explicó el abogado.

En cambio, dijo que no le respondieron desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Secretaria de Estado Vaticano, la Congregación para el Clero, el Consejo Pastoral para la Protección de Menores (dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina) y la Nunciatura Apostólica, a donde se envió la denuncia en formato papel y por mail.

Lombardi es abogado de Nicolás Bustos Norton, quien en 2018 denunció por abuso sexual a los monjes Oscar Portillo y Diego Roqué, autoridades del monasterio Cristo Orante. En una nueva presentación que realizaron el pasado 1 de junio, pidieron que la Iglesia investigue por qué nunca se inició un juicio penal canónico contra Portillo y el posible encubrimiento de sus autoridades. Cinco de los seis acusados participaron de la investigación preliminar. Son el arzobispo de La Rioja, Marcelo Colombo; su obispo auxiliar, Marcelo Mazzitelli; el obispo de La Rioja, Dante Braida; y otros dos sacerdotes.  

“Desde el 1 de junio tienen nuestra presentación en su poder, lo que demuestra, a priori, la violencia institucional hacia los denunciantes y el fraude de los protocolos que con bombos y platillos comunicaron hace tiempo. No funcionan los canales de  comunicación ni prevención”, sostuvo Lombardi.

Esos protocolos a los que se refirió Lombardi son las guías que elaboró el Vaticano para abordar las denuncias vinculadas a casos de abuso sexual. Uno de esos documentos es la carta apostólica Vos estis lux mundi, emitida por el Papa Francisco, que entró en vigor el 1 de junio de 2019. Establece, por ejemplo, que las personas afectadas deben ser tratadas con “dignidad y respeto”, a quienes hay que “ofrecerles acogida, escucha y seguimiento”, además de “asistencia médica, terapéutica y psicológica”.

Esa disposición contrataste con la falta de comunicación de la Iglesia con la víctima y la campaña de lobby mediático que el Arzobispado de Mendoza y el Obispado de La Rioja lanzaron para intentar instalar una versión groseramente falsa de los hechos.

A la luz de esas normas del Vaticano habría que analizar también el comunicado que emitieron Braida, Colombo y Mazzitelli. Como nadie se comunicó con la víctima ni respondieron a su presentación, los obispos aprovecharon para subrayar la falta de constancia sobre la denuncia y apuntaron contra “quienes actúan en su propio interés y muy lejos de la necesidad de justicia”.

También la Conferencia Episcopal Argentina le dio la espalda a la víctima y ratificó en un comunicado la actuación en el caso de Colombo, Braida y Mazzitelli.

Eso sí: nadie explicó hasta ahora porque el monje Oscar Portillo no fue sometido a un juicio penal canónico.

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